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01:20 pm  25/05/2017
 

Por qué los Gobiernos deben compartir el Código de sus Aplicaciones informáticas

Si alguien nos pidiera nombrar a las diez empresas tecnológicas más importantes de su país, muy pocos pensarían en incluir a su propio gobierno. Pero lo cierto es que las administraciones públicas dedican una parte muy importante de sus recursos al desarrollo de tecnología propia. El gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, gasta cerca de $6.000 millones de dólares y realiza unas 42.000 adquisiciones por año, con el fin de contar con software para sus agencias.

Como demuestra Mariana Mazzucato, grandes innovaciones como el Internet, el GPS o las pantallas táctiles de nuestros teléfonos móviles, son innovaciones introducidas por la inversión de los gobiernos que, al abrirse y ponerse a disposición del público, han sido desarrolladas hasta el extremo por grandes empresas como Apple o Google.

Por ello, a continuación se presentan algunos argumentos para justificar el potencial de la apertura del código financiado por los gobiernos:

1 Eficiencia económica

En 2015, Colombia invirtió en software el equivalente de aproximadamente 4.8 millones de dólares. Si esas herramientas digitales fuesen abiertas, compartidas y adaptadas a nuevos usos, se lograrían enormes ahorros y economías de escala que pueden promover el desarrollo de América Latina y el Caribe.

Por ejemplo, en 2008 el Servicio Federal de Proceso de Datos (Serpro) del Ministerio de Hacienda de Brasil, reportó que el gobierno pudo ahorrar unos US$ 167,8 millones de dólares por el uso de programas de código abierto en dependencias y despachos oficiales. Además, Serpro abrió al público una plataforma para desarollo de programas informáticos llamada “Demoiselle”. De esta manera, el código abierto se presenta como una alternativa menos costosa a las opciones comerciales. A la vez, se maximizan las posibilidades de uso y la reutilización del código permite generar mejoras y mayor adaptabilidad a las necesidades futuras.

Por otro lado, en los Estados Unidos el ex-CIO del gobierno federal, Tony Scott, publicó en 2016 un memorándum en el que recomendaba que el código de las aplicaciones informáticas adquiridas por las agencias del gobierno federal fuera compartido a través de una plataforma. La apertura del código, decía, podría evitar duplicidades y concentrar el esfuerzo de desarrollo en una misma solución que pueda ser utilizada por varias agencias.

Bajo esta lógica, en 2016, la agencia federal Administración de Servicios Generales, (GSA, por sus siglas en inglés) lanzó la primera aplicación de código abierto. “Micro-purchase” es una plataforma para gestionar servicios de desarrollo informático de coste menor a $3.000 dólares que podrá ser reutilizada por cualquiera gracias a su licencia MIT.

2 Impacto sobre los servicios públicos

El objetivo último de las aplicaciones informáticas de los gobiernos es mejorar el servicio público. Muchas aplicaciones informáticas buscan mejorar procesos internos en la administración, pero en muchos casos son una herramienta clave en la comunicación entre el ciudadano y el gobierno.

Por ejemplo, SIMPLE, es una herramienta para digitalizar trámites administrativos desarrollado por el gobierno de Chile y cuyo código fuente puede ser reutilizado por cualquier gobierno acorde a sus necesidades. Esto fue posible porque 18 países de América Latina venían implementando desde 2014 el Mecanismo colaborativo regional de software público, apoyado por la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales (BPR) del BID.

En Argentina el gobierno nacional utilizó el sistema operativo libre Huayra GNU/Linux para implementar el plan nacional “Conectar Igualdad” para promover la inclusión digital en las escuelas. De manera similar, el Sistema Único de Boleto Electrónico (conocido como SUBE) que se utiliza para el transporte público en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, opera con software de código abierto, Red Hat JBoss Middleware.

El caso del fallido lanzamiento de la plataforma Healthcare.gov en Estados Unidos (octubre de 2013) es paradigmático en este sentido, porque la mala calidad del código impidió a muchos ciudadanos  acceder a la plataforma en el momento de su lanzamiento y puso en entredicho la capacidad del gobierno para introducir el nuevo sistema. Como explica Bloomberg, el código abierto hubiera mejorado la calidad del código y hubiera evitado los problemas en su lanzamiento.

3 Transparencia y rendición de cuentas

La apertura de código, al igual que ocurre en el campo de los datos abiertos, implica un fuerte esfuerzo de catalogación que puede ayudar a cuantificar el esfuerzo económico realizado y la calidad de los productos recibidos.

En España, por ejemplo, las ciudades de Madrid, Coruña, Santiago de Compostela y Zaragoza crearon una alianza para desarrollar una plataforma de gobierno abierto colaborativa e interoperable a través de las que podrán impulsar nuevas iniciativas de participación ciudadana.

4 Impacto social

La tecnología tiene un impacto social inigualable y puede tener un impacto directo sobre las vidas de las personas. Aunque pocos lo conocen, la tecnología GPS que utilizan nuestros teléfonos móviles tiene un origen militar que fue puesta a disposición de uso civil en 1983 por orden ejecutiva de Ronald Reagan.

El pasado mes de diciembre de 2016, Europa lanzó Galileo, un nuevo sistema de navegación por satélite y estará íntegramente gestionado por una agencia civil. Gracias a este nuevo sistema, los servicios de navegación serán mucho más precisos.

 

Como curiosidad, el pasado mes de julio de 2016, un joven informático publicó en la plataforma GitHub el código informático del sistema que llevó a la misión Apollo 11 a la Luna. Como concluye con humor la revista Endgaget, “el código no es tan fácilmente utilizable, a menos que estés construyendo un programa espacial de los años 60”, pero ese código ayudará a los investigadores y desarrolladores de todo el mundo a comprender las bases de la tecnología actual.

» Antonio Moneo / iadb.org

Antonio es especialista en Gestión de Conocimiento. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo promoviendo los datos abiertos como una herramienta para la resolución de retos del desarrollo y en la London School of Economics como gestor de programas académicos y de investigación. Es miembro de la Carta Internacional de Datos Abiertos y formador registrado en el Open Data Institute (ODI). Cuenta con un doctorado en Ciencia Política y una Maestría en Comercio Internacional.

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